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Director General: Pedro Ricalde Arjona


Jueves, 21 de Noviembre del 2019
Num. 1007

PARA MUESTRA BASTA UN BOTON

 

Este es un dicho que la sabiduría popular ha consagrado como verdadero y así es en efecto. Para muestra de lo que les he estado comentando desde hace unas semanas en relación con las reformas al Código Penal de los Estados, ya tenemos una primera muestra y el resultado no ha sido alentador. Efectivamente, el ejemplo del funcionamiento de las nuevas cortes de derecho penal o criminal se ha dado en la ciudad de Chihuahua, en donde los tres jueces (de la tremenda corte), habrían absuelto a un asesino confeso y en apariencia, éste, una vez libre, facilitó o cometió un nuevo asesinato en la persona de la madre de su víctima.
    Seguro que ustedes saben que estoy hablando del caso de la hija de la señora Marisela Escobedo Ortiz, cuya familia actualmente ha buscado refugio en los Estados Unidos debido a la tremenda inseguridad jurídica en la que se encuentran. Pero no examinare la situación de la familia, sino lo acaecido aparentemente en la corte criminal de esa ciudad con motivo de la aplicación de las nuevas disposiciones de la Constitución Política en relación con el derecho penal.
    Antes que nada hago una pequeña advertencia en relación con este comentario y en general con todos los comentarios que tomamos de la vida diaria y que salen en las publicaciones de los diferentes rotativos. Todo lo que se informa en la prensa diaria, tiene sus limitaciones, tanto en espacio como en los diversos intereses que están presentes en los diferentes medios de comunicación, pues es lógico entender que tienen distintas orientaciones y tendencias las cuales inevitablemente con frecuencia crean desinformación o deficiente información. Así que considerando que puedo tener una deficiente información al respecto, puedo cometer errores de apreciación que no serán de mala fe por mi parte, pues únicamente quiere examinar un caso acaecido con el nuevo criterio de aplicación de la ley penal.
    El hecho indudable es que se cometió un asesinato en la persona de una joven de nombre Rubí Frayre Escobedo, y se capturó a una persona por tal asesinato, llevándolo posteriormente a proceso acusado de ese asesinato contando con su confesión rendida durante las investigaciones en la fase que antes se llamada de averiguación previa y ahora es “Carpeta de Investigación”. Al llegar al juicio o “vinculación a Proceso” es ante tres jueces, uno de ellos sostuvo que no era culpable o que había una duda razonable, ya que el activo que había confesado su crimen e indicó el lugar en donde se encontraba el cadáver de su víctima, en la etapa del juicio oral, adujo que había sido torturado (tal vez torturas psicológicas) y de esa manera se había obtenido su confesión (pero no comprobó las supuestas torturas sufridas), pero los tres jueces lo absolvieron (uno en contra y dos a favor), por existencia de una duda razonable, y posteriormente la madre de la señalada víctima fue también asesinada a sangre fría frente al palacio de Gobierno, momentos después de haber realizado una protesta por el asesinato de su hija y el mal desempeño de los jueces por haber liberado al asesino confeso. También sabemos ahora por informes periodísticos que el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, suspendió a los jueces y está investigando su desempeño en este caso, pues se duda que hayan obrado legalmente al absolver al señalado asesino confeso.
    De acuerdo al nuevo procedimiento penal, al iniciarse una “carpeta de investigación” como en este caso por homicidio que lógicamente es un delito “grave”, el acusado no tiene derecho a fianza, pero desde el momento en que es detenido, aunque el Ministerio Público y la Policía Ministerial, efectúan las labores de investigación, el poder judicial a través del llamado “Juez de Garantías”, se entera e interesa en que se respeten todas las garantías al acusado o imputado, así que al ser detenido y haber confesado su crimen indicando además que arrojó el cadáver de su víctima en un lugar determinado en donde con base en esa información la Policía Ministerial, localizó el cadáver, aquí tenemos dos pruebas que son completamente indubitables, pues si el asesino confesó, lo hizo ante la presencia del Agente del Ministerio Público, su defensor y el Juez de Garantías, por lo cual no pudo haber sido obligado a incriminarse, no pudo haber sido torturado y esa prueba quedó firme sin posible contradicción, pues fue una prueba legalmente obtenida, pues podemos suponer como indica la nueva reforma legal, se le leyeron sus derechos al acusado, se le advirtió de la naturaleza de la  acusación; de la posibilidad de declarar o de negarse a hacerlo, sin que pudiera recibir presiones o torturas, pero no podemos olvidar que al confesar su crimen, indicó además en donde estaba el cadáver, por lo que al investigar se dio fe del cadáver y el levantamiento del mismo, lo cual constituye un dato insustituible de los elementos de la descripción legal (homicidio), por lo que ese hecho aunado al reconocimiento y confesión del actor material, ante el Juez de Garantías, esa prueba se debió considerar legal y completamente irrefutable, sin importar que posteriormente al estar “vinculado al proceso”, ante los tres jueces, el imputado dijera haber sido torturado y haber sido obligado a confesar un delito que no había cometido. Los jueces no pueden dejarse engañar por tamaña patraña. Resulta infantil, debido a las medidas de garantía que a favor de los acusados impone el nuevo sistema penal en la etapa de investigación en donde el poder judicial ya tiene una intervención definitoria, por lo que los jueces posteriores, no pueden ni deben poner en duda las prueba realizadas ante la presencia del “Juez de Garantía”, no pueden dejarse engañar por el virtuosismo de las palabras del defensor o la elegancia con la que se puedo haber presentado el inculpado a la etapa del juicio oral, como vemos que sucede en las películas de nuestros vecinos del norte, pues vemos que ellos toman especial cuidado en la vestimenta de los acusados cuando van al tribunal. Pero para el caso comentado, más increíble resulta que los Magistrados del Tribunal Superior de ese Estado, hayan decidió suspender a los jueces para investigar su proceder, pues tendrán que hacerlo todas las veces que absuelvan a algún acusado, para dejar una apariencia de justicia y que al mismo tiempo es un reconocimiento de su propia incapacidad judicial y desdoro del nuevo sistema legal penal. No nos está yendo muy bien de esa manera con el sistema gringo. Ya como último comentario, las reformas legales federales, permiten que cada estado haga sus propios Códigos Penales basándose en las reformas Constitucionales, pero esto provocará mayor desunión entre el país, cuando que anteriormente se estaba tratando de desarrollar un Código único o código tipo para toda la república, ahora serán más de treinta códigos penales diferentes, lo que no ayuda a la consolidación de una nacionalidad, pues seremos extranjeros en nuestro propio país en relación con la materia penal, pues puede haber en Yucatán, un delito que no lo sea en Quintana Roo, y así en cada Estado de la República. En fin.
    Nada más como último comentario de la defectuosa información y manipulación que existe en nuestro país. En el caso de la Guardería A.B.C., en la que desgraciadamente murieron muchos pequeños, se hizo y se sigue haciendo un tremendo escándalo en contra de los directores y funcionarios de ese sistema federal, se hacen marchas, plantones y acusaciones de ser asesinos en contra de funcionarios, pero la realidad es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con toda legalidad, ya ha concedido amparo declarándola inocente de toda acusación a una de las propietarias de la guardería, pues desde el principio de acuerdo a la Ley Civil, el responsable de ese terrible hecho que enlutó a muchos hogares, es el propietario del predio situado al lado de la guardería que es en donde se inició el incendio y sus consecuencias. Los de la guardería son responsables de faltas administrativas, pero no del incendio que causó tanta tristeza. Pueden consultar este dato en el Código Civil, que para efectos prácticos es igual en todo el País.
 

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