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Director General: Pedro Ricalde Arjona


Sábado, 18 de Enero del 2020
Num. 1041

HIPOTETICAMENTE HABLANDO.


    Para empezar  y como primera hipótesis, nada más de pasadita, los abogados no causamos los problemas que atendemos, ni son problemas propios, se debe suponer y así es legalmente considerado, que ayudamos a resolverlos y la responsabilidad directa y las ganancias son para nuestro cliente y desde el momento en que nos graduamos y tenemos una cédula profesional, obtenemos permiso oficial para representar clientes en toda clase de asuntos ante toda clase de autoridades, sin que podamos ser acusados de ningún delito proveniente de las decisiones de las autoridades a la que habíamos sujetado los asuntos legales de nuestra incumbencia, máxime cuando hemos ganado las decisiones por mandato de las propias autoridades. Somos realmente intermediarios calificados, entre las autoridades y la gente que recurre a nuestros servicios. Resulta muy claro que necesitamos a las autoridades, pero ellos necesitan también de los especialistas e intérpretes profesionales de las leyes, para moldear y muchas veces moderar sus resoluciones y que están cumplan un cometido de equidad y justicia entre la población a la que hipotéticamente sirven.
    Bueno, deben creer de buena voluntad que la mayor parte de lo que les cuento es cierto. O, al menos la mitad es cierta, el problema es saber cuál es esa mitad. Ya deben ustedes saber que en los delitos que se supone garantizan la libertad sexual, es decir violación, abusos deshonestos, turismo sexual…. Dice la jurisprudencia (y así lo aplican los Códigos Penales de los Estados y las autoridades ministeriales y judiciales), que basta la simple manifestación de la víctima de haber sido atacada sexualmente para que se proceda a la detención del acusado. ¡Órale!
    Y, así de golpe y porrazo, cualquiera de ustedes se puede ver en un problemón que le va a afectar toda la vida y nada más quiero decirles (breve cuento) que cuando yo era defensor de oficio en la Penitenciaria de Mérida, Yucatán, de eso ya han pasado muchos ciclones, veía ingresar a alguna persona acusado de violación y podía estar seguro de que cuando llegada a la cárcel venía ya “amarrado”, es decir, con una confesión  completa y detallada de su felonía pues las aguas minerales (tehuacanazos) estaban baratas y eran (¿eran?) de uso frecuente en las confesiones de los detenidos y venían con el expediente de violación y con cuatro o cinco acusaciones de robo si necesitaban las autoridades “sacudirse” de esa persona o “demostrar que habían resuelto” varios asuntos pendientes, pero además el acusado tenía una familia y algunos bienes, pues pueden ustedes estar seguros que después de mucho tiempo (hasta dos años), cuando se le dictaba sentencia de ocho a doce años de cárcel (ahora es de 25 a 50 años de cárcel), ¡Órale! Ya el acusado, había perdido esposa, hijos y propiedades. Así que esos delitos y en general todos los delitos codificados, son una constante “hipótesis preventiva” y sirven como medio de control social en general, es el derecho punitivo y en ese caso enfrenta a la fuerza del Estado (con todo y burocracia) contra el ciudadano común y corriente a veces más corriente que común. No ha cambiado mucho la situación, nuestras autoridades hablan de los derechos humanos sin mucho convencimiento o entendimiento, pues continúan con sus prácticas irregulares e ilegales en muchos casos, cuando debería ser al revés, pero desgraciadamente no lo es y tiene uno que recurrir a extremos no previstos en la ley para defenderse muchas veces de abusos de autoridad.
    Esto se los digo porque pueden ustedes imaginar (si no lo saben ya por experiencia), lo peligroso que es tener un enemigo (conocido o desconocido) que se “lleve” o le de algunas “untadas” de cualquier clase a algún juez penal. En principio e hipotéticamente también, de acuerdo al artículo 111 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que la vez pasada les transcribí, para que una persona sea nombrada como juez, debe tener como uno de los requisitos indispensables el de ser HONESTA. Así que basándonos en ese requisito, no tenemos ningún problema, pero… y esto ya no es muy hipotético, ¿qué pasa cuando el juez no solo es penal sino venal y banal? ¡Se convierte en la espada de Damocles sobre la cabeza de todos y cada uno de nosotros. ¡Digo! Hablando hipotéticamente.
    Y, es que desde siempre e hipotéticamente, un principio de derecho ya universal es que, todos son inocentes hasta que no se demuestre su culpabilidad. Pero para lo que valen los principios de esa clase cuando estás detenido por algún delito cuyas hipótesis legales están ocultas en el laberinto de maldad del cerebro venal. Es como que regresaran los tribunales del “santo oficio”, en donde cualquiera podía ser denunciante, sin necesidad de pruebas, solo necesitaba tener sospechas aunque fueran infundadas de que la persona acusada pudiere ser hereje, y se le detenía y se le sujetaba a juicio y en el período de pruebas de ese juicio, se le sometía a torturas para que confesara la verdad de la acusación falsa, pero confesara o no, siempre se le condenaba al menos al repudio público, pero se le aplicaba de seguro, tormento en el llamado “potro”, podían haber tormentos del agua (no había agua mineral) pero ese tormento es precursor de los tehuacanazos, se le echaba agua al sujeto y se le llenaba el estómago hasta estar a punto de reventar y se le preguntaba si era verdad o no la acusación de que era objeto, se le podía poner un casco de hierro con dos hemisferios y se apretaban encima del cráneo hasta estallarlo, o se sentaba a una persona en un banquillo con corte triangular poniéndole pesos en los tobillos y se le dejaba varias horas ahí, hasta que la madera afilada, le cortara en dos partes el cuerpo, se le quebraba los huesos de brazos y piernas y se le ponía en jaulas colgadas en lugares públicos hasta que muriera de hambre y enfermedad. Claro que los bienes del condenado eran decomisados y pasaban a integrar las posesiones de los miembros del Santo Oficio con una pequeña parte al denunciante. Ustedes pueden suponer que muchas grandes fortunas se hicieron juzgando a hipotéticos herejes con muchos bienes. ¡Chevere!
Todos los acusados eran culpables a no ser que pudieran demostrar su inocencia y la llamada “reina” de las pruebas era la Confesión, por eso tanto esfuerzo por aplicar tormento, así que cuando “confesaban”, solo perdían sus bienes y salían todos baldados, es decir, mancos, cojos, ciegos, con lesiones internas irreversibles producto de los “interrogatorios”, pero además las consecuencias nefastas eran por su propia culpa y nunca responsabilidad de los tribunales de oficio, por ser culpables de herejía. Les podrá parecer un poco exagerado, pero es verdad, así que imagínense dejar que cualquier juez, haga lo que de venga en gana y sin observar rigurosamente el procedimiento legal, les haga víctimas de alguna acusación y se les lance al calabozo.
Definitivamente no para eso, se paga impuestos, definitivamente, no para eso somos ciudadanos con una patria y una Constitución. Definitivamente, no para eso se organiza un Poder Judicial y se nombran jueces, no para sustentar sus odios personales, ni venganzas por encargo o envidias nacidas de sus propias carencias en ética o moral. Eso es peligroso para una convivencia social estable y completamente indebido. La ley existe para ser aplicada como está pensada y justificada en su significado social, para conseguir un equilibrio entre los más débiles y desprovistos en contra de los envidiosos, codiciosos y los abusivos que siempre abundan en cualquier grupo social, pero cuando la misma autoridad se pasa al bando de los abusivos, resulta una situación de violación continua a los derechos humanos y a la seguridad jurídica que el Gobierno tiene obligación de garantizar como primera responsabilidad justificante de su propia existencia, con un Poder Judicial, trabajando exactamente en la debida aplicación de la ley, sin desviaciones ni alteraciones. Al menos así es hipotéticamente y si no fuera así, más nos valiera abrir nuestros juzgados particulares. Habría que privatizar también la administración de justicia. Abur.
 

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